El presupuesto pasó de 7 mil millones a más de 13 mil MDP.
Morelia, Mich. – La decisión de organizar elecciones para jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en 2025 ha generado controversia entre el Instituto Nacional Electoral (INE), el gobierno y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La disputa principal gira en torno a los costos del proceso electoral, estimados en más de 13 mil millones de pesos, y el respaldo político y legal para que el INE realice esta elección histórica en el país.
El INE presentó una propuesta de presupuesto de 13 mil 500 millones de pesos para organizar los comicios, una cifra respaldada por la Secretaría de Hacienda, que confirmó la viabilidad de destinar dichos recursos sin afectar el presupuesto del próximo año. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado la magnitud del presupuesto, señalando que originalmente se calculaban cerca de 7 mil millones de pesos, y solicitó una revisión exhaustiva. Sheinbaum argumenta que los recursos necesarios pueden obtenerse de los fideicomisos eliminados tras la reforma al Poder Judicial, por lo que considera innecesario el aumento presupuestal.
Por otro lado, el proceso enfrenta obstáculos legales. A pesar de múltiples amparos presentados para suspender las elecciones, el TEPJF avaló que el INE continúe sus preparativos, tras una votación en la Sala Superior en la que tres magistrados respaldaron la medida, mientras dos se manifestaron en contra. La magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez argumentaron que la discusión debería esperar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva los amparos, lo cual, según el magistrado Felipe de la Mata, podría llevar hasta un año.
Claudia Sheinbaum celebró el fallo del TEPJF, calificándolo como una decisión que refleja «la voluntad del pueblo de México» en favor de la reforma judicial. La mandataria expresó su confianza en que el INE y el Tribunal Electoral logren dar certidumbre al proceso de elección del Poder Judicial, a pesar de la incertidumbre presupuestaria y los desafíos judiciales que aún quedan por resolver.
