Morelia.- La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno determinó que las denuncias, quejas o procedimientos administrativos contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y varios miembros de su gabinete, relacionadas con posibles actos de corrupción, permanecerán bajo reserva hasta el año 2029. Esta decisión responde a una solicitud de información realizada bajo la Ley de Transparencia, la cual buscaba conocer el número de denuncias o quejas presentadas desde el inicio de la administración de López Obrador, en diciembre de 2018, hasta septiembre de 2024.
En su respuesta, la Secretaría argumentó que revelar la existencia o inexistencia de dichas denuncias podría afectar el honor, el prestigio y la dignidad de los implicados. Además, mencionó que esta medida se fundamenta en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014, que establece que la presunción de inocencia debe ser garantizada en cualquier procedimiento administrativo, particularmente si el resultado puede impactar negativamente la carrera profesional de los involucrados.
La dependencia, encabezada por Raquel Buenrostro, subrayó que la divulgación de esta información «podría interpretarse como un cuestionamiento a la honorabilidad de los servidores públicos mencionados» y causar «un serio perjuicio» al derecho de presunción de inocencia. Este criterio aplica incluso cuando no existen sanciones firmes, ya que la simple confirmación de denuncias podría interpretarse como un acto de deslegitimación hacia los funcionarios.
La Secretaría realizó una búsqueda exhaustiva en sus registros, pero aplicó un criterio de confidencialidad con base en las disposiciones legales, que priorizan la protección de la reputación y el buen nombre de los servidores públicos. La dependencia también destacó que esta política es congruente con los principios de transparencia responsable y equilibrio entre el acceso a la información y los derechos fundamentales.
Este tema cobra relevancia ante las crecientes demandas ciudadanas de rendición de cuentas, particularmente respecto al combate a la corrupción, uno de los ejes principales de la administración de López Obrador. Sin embargo, la postura de confidencialidad de la Secretaría podría generar controversia en torno a la percepción de transparencia en el manejo de posibles irregularidades dentro del gobierno federal.
La información permanecerá clasificada hasta el año 2029, conforme a los plazos legales establecidos para este tipo de procedimientos.
