Por América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, y el dirigente estatal del partido, Antonio Carreño Sosa, se pronunciaron sobre la situación en Coalcomán, municipio señalado por presuntos vínculos entre las autoridades municipales y el crimen organizado. Ambos coincidieron en que no existe ninguna investigación abierta en contra de la presidenta municipal de esta localidad, Anavel Ávila Castrejón.
Manríquez González aclaró que, hasta el momento, no ha habido ninguna solicitud formal por parte del gobierno federal o estatal para iniciar un procedimiento de investigación contra la edil. Subrayó que Movimiento Ciudadano no respaldará ni protegerá a nadie involucrado en actos de violencia o inseguridad. Además, destacó que la presidenta municipal cumplió con todos los requisitos legales, incluidos los antecedentes penales, para poder ser candidata, los cuales fueron verificados ante la Fiscalía.
En relación con las especulaciones que han circulado recientemente, Manríquez González aseguró que no hay evidencia de que Ávila Castrejón quien ganó el municipio bajo las siglas de este partido esté siendo procesada ni que se haya abierto algún procedimiento oficial en su contra. Pidió que las investigaciones, si las hay, se lleven a cabo de manera formal y no se queden en el ámbito de la especulación mediática.
Por su parte, Carreño Sosa también hizo énfasis en la postura de transparencia del partido, llamando a realizar las investigaciones necesarias sin que las simpatías políticas influyan en el proceso. Recordó las palabras del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien, en una reciente rueda de prensa, afirmó que no existe ninguna investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República en relación con los hechos ocurridos en Coalcomán.
Ambos dirigentes coincidieron en que la seguridad en Michoacán es un tema complejo y debe evitarse su politización. Abogaron por un trabajo coordinado entre los tres poderes y los tres niveles de gobierno para implementar políticas públicas que garanticen una mayor seguridad a la ciudadanía. Asimismo, hicieron un llamado a fortalecer las fuerzas policiales y dotarlas de la capacitación necesaria para hacer frente a la creciente violencia y criminalidad en la región.
