América Juárez Navarro
Morelia, Mich.– Ante la crisis de desplazamiento forzado que afecta a diversas regiones del estado, el Congreso de Michoacán y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) analizaron la viabilidad de una ley estatal que brinde protección y garantías a las personas afectadas.
En el encuentro, Daniel McGuire, Oficial Senior de Protección de ACNUR, destacó la importancia de legislar antes de que surja una nueva crisis, señalando que una normativa permitiría coordinar mejor la respuesta de las autoridades y garantizar acceso a derechos básicos como salud, educación y seguridad. También subrayó la necesidad de un financiamiento progresivo para su aplicación efectiva.
La diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, enfatizó que la violencia en municipios como Coalcomán, Aguililla y Apatzingán ha provocado el éxodo de comunidades enteras. “Desde hace años, la inseguridad ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares. Hoy encontramos poblaciones prácticamente desiertas, donde solo permanecen mujeres y niños en condiciones de vulnerabilidad”, expresó.
Por su parte, Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, reiteró el compromiso de la 76 Legislatura para diseñar una ley que atienda la realidad del estado, con el apoyo técnico de ACNUR.
Miriam Heredia Zertuche, enlace de ACNUR en Michoacán, recordó que desde 2022 se han realizado mesas de trabajo con la Secretaría del Migrante para desarrollar una propuesta legislativa. Destacó que Michoacán ha sido un referente en la atención a desplazados y fue sede del primer encuentro nacional sobre el tema con la participación de 17 estados.
El encuentro concluyó con el compromiso de continuar trabajando en la iniciativa, tomando como referencia las experiencias de estados como Sinaloa, Guerrero, Zacatecas y Chiapas, que ya cuentan con normativas sobre desplazamiento forzado.
