Por América Juárez Navarro
Luego de que habitantes de San Nicolás de Obispo, determinarán hacer una clausura simbólica de sus terrenos, con mantas bajo el lema «Clausurado por robo el pueblo” y se diera el bloqueo de la carretera San Nicolás-Cuanajillo, que divide al nuevo Libramiento; el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, aseguró que los propietarios tienen la opción de solicitar un segundo avalúo y, si existe una discrepancia significativa, se podría recurrir a un tercer avalúo para alcanzar un acuerdo justo.
Al afirmar que en el proceso de expropiación para la construcción del segundo tramo del anillo periférico se han liberado 1 millón 100 mil metros cuadrados de terreno, en su mayoría áreas agrícolas y de agostadero, defendió el hecho de que no se están otorgando precios injustos.
Los habitantes de esta zona colocaron piedras en los puntos de acceso, e impidieron la circulación de la maquinaria y el trabajo del personal de la obra, en respuesta a los pobladores las autoridades estatales enviaron elementos de la Unidad del Restablecimiento del Orden.
A decir del funcionario estatal para determinar el valor de los terrenos, los avalúos han sido realizados por el Instituto Nacional de Avalúos y Bienes Nacionales (INDAVIN) y la Dirección de Patrimonio Estatal. Según Zarazúa, los precios varían entre 30 y 400 pesos por metro cuadrado, dependiendo del tipo de suelo. Aunque algunos terrenos de agostadero fueron valuados en apenas 2 pesos por metro cuadrado, aclaró que estos casos no fueron considerados en las negociaciones.
Hasta el momento, se han firmado convenios con 157 propietarios, mientras que otros 110 continúan en proceso de expropiación. El funcionario subrayó que la expropiación no implica la toma arbitraria de los terrenos, sino un procedimiento legal que permitirá avanzar con la obra. Además, hay un plazo de seis meses para continuar con las negociaciones.
También aseguró que el anillo periférico no está relacionado con la autorización de nuevos fraccionamientos en la zona. De hecho, el Gobernador de Michoacán ha declarado el Cerro del Águila como área natural protegida, lo que prohíbe el desarrollo inmobiliario en ese sector.
El proyecto, según el Secretario, mejorará la conectividad urbana y servirá como una barrera contra el crecimiento desordenado de la ciudad.
Comunidades de Michoacán denuncian despojo y pagos injustos por expropiación de tierras
En tanto Habitantes de varias comunidades rurales del estado denuncian que el gobierno de Michoacán está expropiando sus tierras a precios muy por debajo de su valor comercial para la construcción del segundo anillo periférico. Pobladores de Guanajillo, San Nicolás Obispo, Cicuero y La Joya aseguran que, además del despojo de su patrimonio, la obra está afectando caminos rurales, pozos de agua y el sustento de muchas familias dedicadas al campo y la artesanía.
Los afectados han señalado que sus terrenos han pertenecido a sus familias por generaciones y que el gobierno no les ofrece una compensación justa. «Es una burla, quieren pagar a 12.50 pesos el metro cuando está valuado en más de 900 pesos», denunció la señora Angelita, una de las afectadas. Además, mencionó que los terrenos no solo son espacios de vivienda o cultivo, sino que también proveen recursos esenciales como agua para el ganado y la fauna local.
Otro de los problemas que enfrentan las comunidades es la afectación a los accesos y caminos tradicionales. Arturo Luna, otro de los pobladores, explicó que los puentes que se están construyendo son demasiado pequeños y que no permitirán el paso adecuado para la maquinaria agrícola o el transporte de productos. «No tomaron en cuenta que la gente necesita esos caminos para trabajar. Si no dejan accesos, nos dejan incomunicados», afirmó.
Según testimonios, representantes de la Secretaría de Gobierno y de Obras Públicas recorrieron la zona, prometieron soluciones y luego se retractaron. «Nos engañaron, se burlaron de nosotros. Dijeron que firmarían un acuerdo para respetar el pozo de agua y los accesos, pero en la noche cambiaron de opinión», expresó Mónica Ortiz, otra de las personas afectadas.
El malestar ha llevado a los habitantes a organizarse y tomar acciones de protesta. Aseguran que no se oponen al desarrollo de infraestructura, pero exigen que se les pague un precio justo por sus tierras y que se respeten sus necesidades básicas. «El pueblo unido jamás será vencido», concluyó una de las manifestantes.
