Por América Juárez Navarro
Los desplazados forzados de diversas comunidades de Michoacán hicieron un llamado urgente al gobierno estatal y municipal para que reconozcan oficialmente su situación y se implementen acciones concretas que garanticen su seguridad y bienestar. Activistas y afectados provenientes de lugares como Coahuayana, La Placita y El Coire se reunieron en el PRI Estatal, donde denunciaron la negación del gobierno sobre la magnitud del desplazamiento en la región.
Acusaron que las declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien recientemente minimizó el problema al asegurar que no existían desplazados en la entidad, desataron frustración entre las víctimas. «Nos queman las casas, nos quitan todo y venimos sin nada. Y él dice que no estamos desplazados. Exigimos que nos apoyen porque no queremos seguir viviendo de esta manera», expresó Evangelina Contreras, una de las afectadas.
Desde 2023, diversas comunidades han sido escenario de desplazamientos masivos a causa de la violencia generada por el crimen organizado. Familias enteras se han visto obligadas a abandonar sus hogares, perdiendo no solo sus propiedades, sino también a seres queridos, algunos de los cuales han desaparecido o sido asesinados, dijeron. Los desplazados denunciaron el despojo de tierras y la imposibilidad de regresar a sus hogares debido a la presencia de grupos criminales que dominan la región.
En su exigencia de un trato digno, los afectados solicitaron al gobierno estatal y federal que les reconozcan como víctimas, lo que permitiría su acceso a programas de apoyo. Sin embargo, lamentaron que, pese a las promesas de ayuda, muchas de las iniciativas acordadas en mesas de trabajo no se han cumplido, como la entrega de terrenos para su reubicación y el acceso a servicios básicos. En el caso de Coahuayana, los terrenos prometidos resultaron no ser propiedad del gobierno, sino predios privados utilizados para fines de legalización.
«La ayuda que nos prometieron nunca llegó. Nos ofrecieron algo que no era lo que esperábamos», señaló uno de los afectados, quien mencionó que muchos desplazados han tenido que alquilar viviendas a precios elevados y sin servicios adecuados, viviendo en condiciones precarias y con miedo constante de represalias.
A pesar de estas dificultades, los desplazados insistieron en la necesidad de un pronunciamiento claro por parte de las autoridades. Hicieron un llamado a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional para que se solidaricen con su causa y amplifiquen su lucha por el reconocimiento de sus derechos. «No podemos permanecer en silencio. Exigimos justicia y dignidad para todos los desplazados», concluyó uno de los afectados.
Por su parte, Guillermo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, subrayó la gravedad de la situación y criticó las respuestas de las autoridades locales. Se refirió a la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola, quien envió una brigada de corte de cabello y despensas a las zonas afectadas, un gesto que, según Valencia, fue totalmente insuficiente para atender las necesidades urgentes de las víctimas. «Esto es una burla. Necesitamos soluciones reales, no detalles que no resuelven el problema», sentenció.
