El exgobernador es acusado de peculado, lavado de dinero y asociación delictuosa por un presunto desfalco de más de 5 mil millones de pesos; su paradero actual es desconocido.
Morelia, Mich.- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, enfrenta una orden de aprehensión confirmada por delitos de peculado, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionados con un presunto desfalco de más de 5 mil millones de pesos durante su administración (2015-2021).
La jueza Sindy Ortiz Castillo, titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, dejó sin efecto la suspensión provisional que protegía a Aureoles, al determinar que no existen pruebas que desvirtúen la validez de la orden de captura emitida el 27 de febrero de 2025, bajo la causa penal 118/2025.
Las investigaciones señalan que durante el gobierno de Aureoles se realizaron contratos irregulares para la construcción de siete cuarteles policiales en Michoacán, a través de la empresa Inmobiliaria DYF, sin licitación y con sobreprecios. Se reporta que algunos de estos inmuebles ni siquiera estaban en posesión de la empresa al momento de la contratación. Además, se detectaron residencias privadas lujosas dentro de los cuarteles, presuntamente construidas para uso del gobernador.
Cuatro exfuncionarios de su administración han sido detenidos y vinculados a proceso por estos hechos: Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas; y Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública. Todos ellos permanecen en prisión preventiva justificada.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado la colaboración de la Interpol para la localización y detención de Aureoles, quien es considerado prófugo de la justicia. Se presume que se trasladó de Michoacán al estado de Jalisco, aunque su paradero actual es desconocido.
Este caso ha generado preocupación sobre el uso indebido de recursos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas en las administraciones estatales.
