Por Roberto Mestizo Chávez
Uruapan, Mich.- En el transcurso de una semana se dieron acontecimientos que nos permiten despertar y ver que, lamentablemente, no se ha avanzado mucho en lograr el respeto a los derechos y la integridad de la mujer.
Primeramente, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Guilianna Bugarini, fue prácticamente crucificada en redes sociales pues, al acudir a entregar reconocimientos a bomberos michoacanos, lució una falda demasiado corta y además con dos largas aberturas al frente.
De inmediato, liberales y conservadores reprobaron su vestuario e incluso dijeron que ofendía al Poder Legislativo.
Coincido en creer que hubiera podido ser más tradicional en su manera de vestir, pero reconozco que tiene todo el derecho de portar la ropa que se le antoje. Ya ni en los templos se muestran tan estrictos.
Ese linchamiento público, es clara muestra de que seguimos sin entender que una mujer vale por lo que es, y no por cómo se ve.
Luego, en esta ciudad, un policía municipal, fuera de su horario de trabajo, agrede físicamente en la vía pública, a su esposa, al grado de que si no interviene un taxista, casi la mata.
El policía fue detenido y posteriormente vinculado a proceso, ante lo cual, amigos y familiares inician una campaña mediática, en la cual ponen a la mujer como la verdadera villana.
He recibido llamadas y mensajes en los que el apoyo es total para la mujer, asegurando que desde hace bastante tiempo vive una verdadera pesadilla debido a su esposo.
Pero esa solidaridad no se hace patente con una campaña de apoyo, por el miedo que le tienen al policía.
Con todo respeto, pero los mensajes y llamadas recibidas, de nada sirven. Esos testimonios deben ser ante las autoridades, y que sean estas las que tomen una decisión.
Finamente, ayer se dio a conocer sentencia condenatoria en contra de uno de los responsables del crimen de dos jóvenes mujeres.
En noviembre de 2020, Uruapan se indignó al saber que en un domicilio de la colonia Lomas del Valle Norte, fueron encontradas, asesinadas, dos jóvenes mujeres, una de ellas, madre de un bebé.
De acuerdo a las investigaciones, la noche de un sábado habían estado en un bar, donde conocieron a tres hombres con los que siguieron la fiesta en un domicilio particular. Cuando se negaron a sostener relaciones sexuales con estas personas, fueron asesinadas.
Tuvieron que pasar casi cinco años para que las autoridades dieran una sentencia de 70 años de prisión a Miguel Ángel G., uno de los tres responsables en el doble feminicidio de esas dos mujeres.
El boletín en el que se informa sobre la condena, finaliza diciendo: «Con estas acciones la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de proceder con oportunidad y la debida diligencia en las investigaciones relacionadas con delitos cometido en agravio de la mujer, todo ello conforme a las normas procedimentales, priorizando los derechos de las víctimas en todo momento, para que estos hechos no queden impunes».
¿Es en serio o es una broma? Porque para empezar, hablar de cinco años no es precisamente un proceso diligente. Además, hay dos presuntos responsables más, plenamente identificados, uno de ellos Mauricio V., que siguen libres, que han gozado de impunidad y no hay elementos que permitan creer que algún día pagarán sus crímenes.
¿Por qué luego de cinco años no han sido detenidos?
Mientras esos dos sujetos sigan en libertad, no se ha hecho justicia a dos mujeres asesinadas, aunque las autoridades juren que priorizan los derechos de las víctimas.
Así las cosas, los derechos de las mujeres seguirán siendo solamente motivo para discursos de supuestos y supuestas defensores.
