Por Michel ORTIZ
URUAPAN, MICH.- Integrantes de diversas organizaciones de recolectores de basura por cooperación se manifestaron este lunes frente a la Presidencia Municipal de Uruapan para exigir una solución a las nuevas condiciones operativas impuestas por el Ayuntamiento, las cuales, aseguran, ponen en riesgo la continuidad de su actividad y el sustento de cientos de familias.
Los inconformes señalaron que desde hace más de tres décadas prestan el servicio de recolección en colonias y zonas donde la cobertura municipal ha sido insuficiente, por lo que consideraron injusto que la actual administración les exija absorber costos que anteriormente eran cubiertos por el gobierno local.
Entre sus principales demandas destaca la eliminación del cobro de mil pesos por viaje para ingresar al sitio de disposición final de residuos, tarifa que calificaron como excesiva y difícil de solventar debido a los gastos de operación que ya enfrentan, como combustible, mantenimiento y reparación de sus unidades.
Los recolectores advirtieron además que la temporada de lluvias podría agravar la situación, ya que el peso de los residuos aumenta al acumular humedad, lo que incrementaría aún más los costos asociados a la disposición final.
Otro de los reclamos expuestos durante la protesta fue la reducción en los ingresos obtenidos por la comercialización de materiales reciclables, particularmente el plástico PET. Los manifestantes señalaron que anteriormente podían vender este material a particulares por precios que oscilaban entre los cinco y siete pesos por kilogramo; sin embargo, afirman que ahora están obligados a entregarlo al municipio, que les paga únicamente un peso por kilo.
Los representantes de las organizaciones indicaron que previamente sostuvieron reuniones con autoridades municipales, entre ellas la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Servicios Públicos, sin lograr acuerdos favorables.
Acusaron que la postura oficial ha sido inflexible y que se les ha planteado como única alternativa aceptar las nuevas condiciones o abandonar la prestación del servicio.
Asimismo, cuestionaron los argumentos del gobierno municipal respecto a la falta de recursos económicos. Según los inconformes, durante las mesas de diálogo se les advirtió que, en caso de suspender actividades, el Ayuntamiento podría sustituirlos mediante la incorporación de decenas de unidades de recolección municipales, situación que consideran contradictoria.
Los manifestantes señalaron que alrededor de 300 familias dependen directa e indirectamente de esta actividad, por lo que insistieron en la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan mantener el servicio sin afectar su economía.
Por último, anunciaron que continuarán con las acciones de protesta y que consultarán con sus bases las medidas a seguir en los próximos días. Reiteraron que no están dispuestos a cubrir los pagos exigidos actualmente y solicitaron la intervención de las autoridades para encontrar una solución que beneficie tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.
