Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich. – El reciente proceso de depuración del censo de personas desaparecidas en México ha generado un incremento en la promoción de amparos y solicitudes de apoyo judicial para reactivar búsquedas, según explicó Alicia Becerra Gómez, especialista en derechos humanos y funcionaria del Poder Judicial, actualmente con licencia.
En entrevista, Becerra Gómez explicó que aunque muchas personas han sido retiradas del censo oficial de desaparecidos, sus familiares han promovido nuevos amparos ante distintos juzgados del país para exigir que las búsquedas continúen. Esto ha provocado una ola de comunicaciones entre órganos judiciales solicitando cooperación para localizar a personas en distintos estados.
“Recibimos muchas comunicaciones de otros órganos que nos piden auxilio en las búsquedas. Eso nos indica que hay un incremento, porque muchas de estas solicitudes son por desapariciones de fechas lejanas”, señaló la también oficial con licencia del Décimo Primer Circuito.
Aunque tradicionalmente se considera que hay mayor probabilidad de localizar a una persona poco tiempo después de su desaparición, Becerra enfatizó que no deben abandonarse los casos antiguos: “Los asuntos no se archivan; se debe estar buscando de manera constante”.
En el órgano judicial donde trabajaba antes de su licencia, Becerra identificó al menos tres amparos activos por desaparición.
A nivel estatal, reconoció que el número es mucho mayor, aunque no pudo precisar la cifra exacta. Estimó que aproximadamente el 70% de las comunicaciones que reciben están relacionadas con personas desaparecidas.
La diferencia entre un amparo de búsqueda y una comunicación de búsqueda radica en el origen de la solicitud: en el primero, la demanda se presenta directamente en el juzgado que conoce del caso; en el segundo, otro órgano judicial solicita apoyo para realizar acciones de localización a nivel nacional.
Las búsquedas se extienden a centros penitenciarios, hospitales públicos, fiscalías y separos policiales, ya que en algunos casos las personas consideradas desaparecidas podrían estar detenidas o internadas sin que sus familiares lo sepan.
Por otra parte, Becerra también mencionó un aumento de amparos en temas de salud, particularmente dirigidos a la Secretaría de Salud estatal y federal. Sin embargo, enfatizó que en estos casos los trámites se hacen exclusivamente en juzgados de distrito.
Este fenómeno pone de manifiesto las consecuencias del reajuste en el censo de desaparecidos y evidencia la persistente exigencia social por verdad, justicia y búsqueda efectiva de personas.
