Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- Un conflicto legal y territorial ha surgido en varias comunidades ejidales de Michoacán, donde los habitantes se enfrentan a la empresa Kansas City y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debido a lo que consideran una invasión de sus tierras.
Este martes, un grupo de afectados se manifestó frente a las oficinas de la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Antonio Godoy, para exponer su situación. La disputa tiene su origen en las comunidades de Higerilla de Contepec y Apeo de Maravatío, donde la concesión otorgada a la empresa ferroviaria para utilizar la vía del tren afecta directamente a viviendas y terrenos de los ejidatarios de la región.
Valente Álvarez Reyes, director del equipo legal que defiende a los afectados, informó que la Fiscalía General de la República en Zitácuaro ha imputado a los ejidatarios por el supuesto uso ilegal de las vías de comunicación. Sin embargo, la defensa sostiene que no existe documentación oficial que respalde la legalidad de las acciones tomadas por la SCT o por Kansas City. Los ejidatarios afirman que cuentan con una resolución presidencial de 1934 que les otorga derechos sobre esas tierras, sin ninguna restricción que justifique la ocupación para la vía ferroviaria.
“Nos están acusando de invadir el derecho de vía, pero no existe ningún documento oficial de la SCT ni de la empresa Kansas City que justifique la legalidad de las acciones que están tomando”, explicó Álvarez. El conflicto se remonta a 1996, cuando la SCT emitió un decreto que establece un límite de 20 metros alrededor de las vías del tren. Los ejidatarios argumentan que este decreto es posterior a la resolución presidencial que les otorgó derechos sobre sus tierras, y por lo tanto, no debería aplicarse de manera retroactiva.
Ante esta situación, los afectados están preparando un juicio de nulidad para invalidar tanto el decreto de la SCT como la concesión otorgada a Kansas City, argumentando que estas acciones son ilegales y afectan sus derechos sobre las tierras.
Los habitantes de la zona denuncian también amenazas constantes. “Nos acusan de invadir cinco metros adicionales, pero el decreto presidencial original establece un límite de 30 metros, 15 metros a cada lado de la vía”, explicó Enrique Miranda Martínez, uno de los afectados. Señalan que la empresa ferroviaria reclama una franja adicional de cinco metros bajo un proyecto que, aseguran, nunca ha sido explicado adecuadamente.
Un total de 40 viviendas se verían afectadas por este conflicto. Los habitantes temen ser sancionados con multas de hasta 25 mil pesos o que sus hogares sean destruidos con maquinaria si no desocupan el área. Muchos de ellos, dedicados al campo, se enfrentan a una grave vulnerabilidad económica, ya que no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a estas amenazas.
Ante la falta de respuesta de la SCT a sus demandas, los ejidatarios han solicitado formalmente la cancelación de la concesión otorgada a Kansas City. Si no reciben una solución, están dispuestos a llevar el caso a los tribunales federales de justicia administrativa. A pesar de su disposición a apoyar el progreso y la infraestructura, los ejidatarios subrayan que no permitirán que se les despoje de sus tierras de manera ilegal.
