El fallo unánime blinda a la industria armamentista estadounidense de una reclamación por 10 mil millones de dólares; México buscará nuevas vías legales.
Morelia, MichLa Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda presentada por el Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, a quienes responsabilizaba por facilitar el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano y contribuir así a la violencia generada por los cárteles en la frontera sur.
El máximo tribunal, con una decisión unánime redactada por la jueza Elena Kagan, concluyó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los fabricantes, a menos que exista una participación directa y comprobable en actividades ilegales. “La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego a traficantes mexicanos”, escribió Kagan.
La demanda mexicana, presentada originalmente en una corte federal de Massachusetts, reclamaba hasta 10 mil millones de dólares en daños y perjuicios. En su argumento, México sostenía que empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock, entre otras, comercializaban productos con diseños y estrategias de mercadeo pensados para atraer a grupos criminales, y que sus prácticas contribuían al flujo de armas utilizadas en delitos en territorio nacional.
Sin embargo, la Corte concluyó que el caso no cumple con las excepciones previstas por la ley estadounidense para permitir este tipo de demandas, ya que no se demostró intención ni complicidad directa de los fabricantes con el tráfico ilícito.
Pese al revés judicial, el Gobierno de México expresó su desacuerdo con el fallo y aseguró que continuará explorando todas las vías legales y diplomáticas disponibles. De manera paralela, mantiene abierta otra demanda en Arizona contra cinco tiendas de armas y distribuidores, acusándolos de negligencia y enriquecimiento ilícito.
Este caso ha reavivado el debate internacional sobre la responsabilidad legal de la industria armamentista en contextos de violencia transnacional y sobre la necesidad de reforzar la cooperación para frenar el tráfico ilícito de armas en la región.
