Poe América Juárez Navarro
Morelia, Micho.– El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) enfrenta nuevos señalamientos por presuntas irregularidades en el proceso de liquidación de partidos políticos locales, tras detectarse pagos sin comprobación fiscal y convenios laborales firmados con trabajadores no reconocidos oficialmente.
Así lo dio a conocer la consejera Selene González Medina, quien preside la Comisión de Fiscalización del IEM. De acuerdo con la funcionaria, la instancia acordó no aceptar el informe bimestral de enero-febrero presentado por uno de los interventores, debido a fallas relacionadas con el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del Partido Encuentro Solidario (PES) Michoacán y Tiempo por México.
“Hubo un tema con los impuestos; en algunos casos se timbraron, en otros no se enteraron y no se han pagado”, explicó González. Por ello, la Comisión ordenó una investigación para verificar si quienes recibieron los pagos estaban formalmente registrados como trabajadores ante el INE, como exige el reglamento.
Otro de los puntos controversiales fue la firma de convenios con trabajadores sin tener certeza de su estatus legal. La consejera expresó su desacuerdo mediante un voto particular: “Desde mi perspectiva no debió realizarse ningún convenio sin antes determinar si eran o no trabajadores. Incluso no coincidí en que se les otorgaran ciertas prestaciones”.
Las gratificaciones e indemnizaciones otorgadas alcanzaron a dirigentes y personal de alto nivel, lo que generó dudas sobre la proporcionalidad y legalidad de esos pagos.
Respecto al exinterventor José Uriel Ramírez Pineda, señalado en este proceso, la consejera precisó que continúa laborando en el Instituto, aunque en otra función. Señaló que la Comisión ya dio vista a la Contraloría para que determine si hay responsabilidades administrativas, pero aclaró que todavía se está en etapa de investigación y debe respetarse la presunción de inocencia.
“El Instituto no toma decisiones sobre los interventores, solo supervisa. Y en caso de hallarse irregularidades, será la Contraloría quien defina si hay consecuencias”, subrayó.
González Medina recordó que la liquidación de partidos es un procedimiento largo, técnico y complejo, que puede tomar varios años. Sin embargo, insistió en que el IEM tiene el compromiso de asegurar el uso adecuado de los recursos públicos. “El Instituto está para garantizar la legalidad y la transparencia”, concluyó.
