jueves, noviembre 21, 2024
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Garantizado el respeto a la educación indígena y las lenguas originarias.

Reforma en materia indígena contempla programas educativos adecuados a los usos y costumbres.

 

Por Saraí Rangel.

Morelia, Mich. – Firmada y presentada la iniciativa de reforma en materia indígena, representantes de las comunidades indígenas del estado y en autogobierno, manifestaron que es resultado de una lucha por el reconocimiento pleno de sus derechos que no está no acabada, pues se adquiere el compromiso de avanzar por ese camino que iniciaron sus ancestros.

 

Pavel Ulianov Guzmán, líder del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) observó algunos faltantes en la ley, como que el presupuesto que se destina a las comunidades desde la federación y el estado, también llegue de manera directa tal y como se hace con el municipal.

 

 

Así mismo dijo que falta que se establezca una autonomía educativa, donde sean las comunidades, consejos y autoridades comunales quienes propongan los planes y programas de estudio.

 

Al respecto, el Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseveró que tal y como se contempla el ejercicio autónomo de recursos y la toma de decisiones libre y sin injerencia de otros gobiernos en cuanto a las obras y necesidades, la reforma constitucional establece el respeto pleno a las lenguas originarias, para que estas sean promovidas, preservadas y difundidas.

 

 

En lo que refiere a la educación señaló “debe haber planes específicos educativos en base a los usos y costumbres, a la cosmovisión de los pueblos indígenas de Michoacán, se establece también el tema educativo en la reforma que estamos enviando hoy al Congreso del Estado”.

 

Coincidió en que la lucha no termina este día, ni cuando se discuta en el pleno, que es donde se verá quienes son los verdaderos aliados de los pueblos indígenas y quienes mantienen el conservadurismo criollo e “iturbidísta”.

 

Cabe señalar que entre otras observaciones, Ulianov Guzmán también habló de la necesidad de incluir en el sistema de justicia, el reconocimiento a los más de 200 jueces menores que trabajan de facto en las comunidades.

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