Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich.— El diputado local J. Reyes Galindo Pedraza, representante del Distrito de Múgica en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de incorporar el concepto de «muerte cívica», una medida que impediría a las personas sancionadas por actos de corrupción o faltas administrativas graves aspirar a cargos públicos, incluyendo los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos.
En sus declaraciones, Galindo detalló que esta reforma busca emular prácticas adoptadas por algunas democracias modernas. Aseguró que aquellos que hayan incurrido en conductas corruptas, tras los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Michoacán, deberían ser imposibilitados legalmente de ocupar un cargo público de por vida. “Creemos que esta actitud, esta conducta corrupta, va en detrimento del recurso público, pero además de la misma función pública y ataca a la clase más vulnerable, la población en pobreza”, expresó el legislador.
El proceso de la reforma constará de dos etapas. La primera consiste en la modificación de la Constitución de Michoacán para incluir una cláusula que prohíba a los responsables de actos de corrupción o faltas administrativas graves postularse para cargos públicos. La segunda etapa será una vez aprobada la reforma constitucional, donde se buscará modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para ampliar el catálogo de sanciones y contemplar la «muerte cívica», una inhabilitación permanente para ejercer un cargo público.
Sobre la viabilidad de la propuesta, Galindo aseguró que existen antecedentes en otras democracias y que, aunque es un reto, el Congreso debe asumir la responsabilidad de combatir la corrupción. “Nosotros creemos que si vamos en estos pasos hacia combatir todo lo que apeste a corrupción, el Congreso debe asumir su responsabilidad”, afirmó.
A pesar de las dudas sobre si esta reforma podría contravenir los derechos políticos y electorales de los ciudadanos, el diputado insistió en que los mecanismos constitucionales permiten la reforma de la Carta Magna, lo cual lo haría viable y legal. “La percepción de actos de corrupción crece, y el costo que nos genera es enorme. El INEGI estimó que la corrupción le cuesta a cada mexicano casi 3,044 pesos, lo que se traduce en pérdidas millonarias”, argumentó Galindo, subrayando el impacto económico que tiene la corrupción en la sociedad.
En cuanto a la posibilidad de llevar esta reforma a nivel federal, el diputado mencionó que, aunque el enfoque inicial es sobre la Constitución de Michoacán, sería necesario revisar la viabilidad con los diputados federales para establecer una iniciativa similar a nivel nacional.
Con esta propuesta, Galindo espera dar un paso más hacia una mayor transparencia en la función pública y un compromiso más firme con la erradicación de la corrupción.
