Por: Roberto Mestizo Chávez.
Uruapan, Michoacán.- Los comicios que se tiene programado realizar en junio del año entrante para elegir jueces y magistrados del nivel federal, y para Michoacán también del orden local, representan todo un reto para el INE, pues a ocho meses de llevarse a cabo, se tienen más preguntas que respuestas en ese tema.
Entrevistado por Diario ABC de Michoacán, David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del INE en Michoacán, expuso que a diferencia de las elecciones a cargos ejecutivos y legislativos, ellos -el INE- no serán los responsables de organizar, coordinar, supervisar, sancionar y calificar el proceso electoral, pues ahora serán solamente los encargados de organizar el tema de logística.
Es decir, agregó, serán los encargados de llevar a los centros de votación las mamparas, urnas, papelería, etc., y recoger los resultados.
En las elecciones que han llevado a cabo, se tienen bien definidos los distritos electorales, basados en territorios municipales, pero en el caso de los distritos de jueces y magistrados la situación cambia, pues habrá distritos judiciales que abarquen territorios de dos o tres entidades definitivas.
Se sabe que no seremos fiscalizadores de gastos de campaña ni del origen de los recursos, pues solamente se ha dicho que para promoción de candidatos, solamente se les tiene autorizado utilizar los tiempos oficiales de radio y televisión. En cuanto al origen de esua recursos, se ha dicho que lo único que está autorizado es que «sean propios», pero no se han definido límites, dijo.
«Seguramente son preguntas que, con otras que vayan surgiendo», se aclararán con el paso de los días, aunque no se tiene mucho tiempo pues se supone que el proceso inicia en febrero, «y solamente nos quedan tres meses».
Luego de recalcar que lo externado son realidades, no interpretaciones personajes o declaraciones «sesgadas», Delgado Arroyo expresó que lo más urgente es que se defina si esos comicios se llevarán a cabo, o se cancelarán por los amparos solicitados contra la Reforma Constitucional, en materia del Poder Judicial Federal.
