América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- México alcanzó en 2023 el récord histórico de importaciones de maíz, con el 90% de estas provenientes de Estados Unidos, afirmó el diputado local, Hugo Vargas Rangel del PT, al señalar que se necesita de un sistema estatal de compras organizado para evitar que los grandes acaparadores de grano manipulen los precios y dejen a los pequeños productores en una situación aún más precaria.
Al apoyar la iniciativa encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum para reformar la Constitución mexicana, con el fin de proteger las variedades de maíz criollo ante la creciente amenaza de los granos transgénicos, el diputado dijo que el maíz no solo es esencial para la alimentación, sino que también juega un papel central en los rituales y tradiciones de numerosas comunidades indígenas.
Agregó que México enfrenta un reto crucial: proteger su maíz nacional de las importaciones de variedades transgénicas que amenazan tanto su identidad cultural como la sostenibilidad de los pequeños productores rurales.
Sin embargo considero que estas medidas no son suficientes para asegurar la viabilidad económica de los pequeños productores, que siguen enfrentando grandes desafíos. A pesar de los esfuerzos por parte del gobierno, muchos productores locales, especialmente en Michoacán, han señalado que los precios garantizados no cubren los costos reales de producción, lo que compromete su sostenibilidad.
También detalló que la mitad de la producción de maíz en Michoacán es de temporal, lo que significa que las cosechas son muy sensibles a los cambios en el mercado. Además, el maíz destinado a autoconsumo no se ve tan afectado por las importaciones, pero sí corre el riesgo de ser contaminado genéticamente durante la polinización con maíz transgénico, lo que podría poner en peligro la pureza de las variedades nacionales.
Añadió que el llamado de los productores y expertos es claro: se necesita un sistema estatal de compras organizado para evitar que los grandes acaparadores de grano manipulen los precios y dejen a los pequeños productores en una situación aún más precaria. Este sistema debe garantizar que los productores no se vean obligados a vender a precios bajos cuando el mercado está saturado.
Además, se planteó la posibilidad de que el gobierno estatal implemente subsidios que complementen las políticas federales y ayuden a equilibrar la desigualdad en el sector agrícola.
