Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, manifestó su respaldo a la presidenta municipal de Coalcomán, Anabel Ávalos, luego de que el Congreso de Michoacán aprobara el inicio de un juicio político en su contra.
Carreño Sosa cuestionó la falta de fundamentos jurídicos en el proceso, señalando que ni la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República han presentado investigaciones o cargos en su contra.
“Nos brinca mucho el tema del juicio político cuando el propio fiscal general ha declarado que no hay ninguna investigación contra Anabel”, señaló en entrevista.
El dirigente aseguró que la alcaldesa no está prófuga y sigue desempeñando sus funciones al frente del ayuntamiento.
“Ella se encuentra en Coalcomán cumpliendo con su obligación como presidenta municipal”, afirmó.
Además, reiteró que Movimiento Ciudadano le brindará acompañamiento en su defensa legal.
En el caso de la alcaldesa de Coalcomán, el juicio político se encuentra en su fase inicial tras haber sido turnado a la Comisión Jurisdiccional del Congreso.
Carreño Sosa advirtió sobre los riesgos de generar precedentes políticos con este tipo de procedimientos sin sustento legal. “Si hay una investigación o una orden judicial, que se proceda conforme a derecho.
Pero no se requiere un juicio político para investigar, sino para destituir”, enfatizó.
El dirigente también cuestionó que el gobierno estatal haya solicitado la licencia de Ávalos incluso antes de que se abriera una investigación formal.
Además, señaló que el proceso se desarrolla en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, lo que, a su juicio, agrava la situación al tratarse de la primera presidenta municipal de Cualcomán.
Por su parte, la alcaldesa ha comenzado a reunir la documentación necesaria para su defensa y, según Carreño Sosa, en los próximos días podría emitir una postura pública sobre el caso.
El proceso de juicio político continuará en el Congreso, donde la Comisión Jurisdiccional tendrá que desahogar pruebas y presentar un dictamen, el cual será votado posteriormente por el Pleno.
En qué consiste el juicio político?
El juicio político es un mecanismo de control constitucional mediante el cual el Congreso del Estado puede sancionar a servidores públicos por actos u omisiones que afecten gravemente el buen funcionamiento de las instituciones. El procedimiento se compone de varias etapas clave:
1. Denuncia: Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por escrito ante el Congreso, aportando pruebas.
2. Turno a la Comisión Jurisdiccional: Se analiza si la denuncia es procedente y si amerita el inicio del proceso.
3. Investigación: La Comisión realiza diligencias para comprobar los hechos y determinar la responsabilidad del funcionario.
4. Periodo de pruebas: Se abre un plazo de hasta 30 días naturales para recabar pruebas de ambas partes.
5. Dictamen: Si se determina que hay responsabilidad, se elabora un dictamen que se somete al Pleno del Congreso.
6. Votación en el Pleno: Los diputados deciden si procede la sanción, que puede incluir la destitución e inhabilitación del servidor público.
