Por América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.- En las comunidades que bordean los límites entre Morelia, Villa Madero y Tzitzio, en la sierra michoacana, la población enfrenta una crisis humanitaria alimentada por el asedio del crimen organizado, que les exige hasta 3 millones de pesos para evitar secuestros o bien si no pueden pagar el dinero, son forzados a unirse a sus filas a cambio de «protección».
La situación, que ya ha desplazado a decenas de familias, asi se reveló en una rueda de prensa celebrada en la sede del PRI Michoacán, donde habitantes de estas comunidades compartieron sus testimonios. Un hombre originario de la región relató cómo su familia fue despojada de todo: su hogar, su ganado y hasta su acceso al agua potable. «Nos pidieron una cantidad enorme de dinero, si no la entregábamos, tendríamos que trabajar para ellos o, peor aún, ser secuestrados. Nos desplazaron, nos quitaron todo, incluso el agua», relató el hombre, que pidió permanecer en el anonimato por miedo a represalias.
Otro testimonio fue el de una mujer que también relató cómo su familia fue secuestrada tras negarse a pagar la extorsión impuesta por los grupos criminales. “Nos pedían mucho dinero, algo que no podíamos darles. Nos dijeron que si no lo hacíamos, tendríamos que trabajar para ellos. Nos obligaron a huir, dejando atrás nuestra casa y nuestras vidas”, explicó con temor, recordando cómo hombres armados llegaron a su hogar, amenazándola a ella y a su esposo.
Los testimonios, brindados de forma anónima por el miedo a represalias, también evidenciaron cómo los criminales están exigiendo cantidades que superan los 3 millones de pesos para evitar secuestros o bien forzar a los habitantes a unirse a sus actividades ilícitas. De no acceder a estas demandas, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en otras regiones, ya que las amenazas de muerte son constantes.
Además de las extorsiones, los criminales están tomando control absoluto de los recursos naturales, como el agua, y exigen pagos exorbitantes por el acceso a estos. En muchas comunidades, los habitantes se ven obligados a rendirse ante la presión de unirse a las filas del crimen organizado para obtener «protección», ya que la amenaza de secuestros, asesinatos o desplazamientos forzados se cierne sobre ellos.
“Lo que está pasando aquí ya no es solo abandono, es complicidad”, expresó el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien acompañó a los afectados en su denuncia. “Las familias están siendo despojadas de su tierra, secuestradas, sus casas quemadas, mientras los delincuentes talan los bosques para plantar aguacate ilegal con total impunidad”, añadió.
Valencia Reyes exigió una acción inmediata por parte de los gobiernos estatal y federal, pidiendo a las autoridades que dejen de lado los discursos y tomen medidas concretas para poner fin a la violencia que azota la región. “Ya basta de palabras, la gente está huyendo, está siendo asesinada, y no reciben ninguna ayuda”, insistió.
Finalmente, el dirigente anunció que su partido llevará el caso a nivel nacional e internacional, con denuncias ante organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objetivo de visibilizar lo que calificó como una grave crisis humanitaria que no debe ser ignorada.
