Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich.- Periodistas del estado de Michoacán y el colectivo “Ni Uno Más” se manifestaron este miércoles en el Congreso local para expresar su rechazo a la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que busca tipificar la “apología del delito”, al considerar que vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información.
Durante la sesión legislativa, los manifestantes interrumpieron momentáneamente los trabajos en el Pleno y tomaron la tribuna, exigiendo la apertura de un ejercicio de Parlamento Abierto que incluya a periodistas, defensores de derechos humanos, académicos y representantes de la sociedad civil. Su exigencia: que se discuta la reforma con transparencia, análisis técnico y perspectiva de derechos humanos.
La propuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo estatal ha generado preocupación entre sectores periodísticos y organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que su redacción ambigua podría ser utilizada para criminalizar el ejercicio periodístico o censurar expresiones legítimas.
“Estamos aquí porque no se puede legislar en lo oscurito sobre un tema que impacta directamente en nuestras libertades”, declaró uno de los periodistas presentes. “La reforma pretende sancionar la apología del delito sin definir claramente los alcances del concepto, lo que abre la puerta a la arbitrariedad.”
Los inconformes recordaron que el artículo 6º y 7º de la Constitución Mexicana garantizan el derecho a la libre manifestación de las ideas y la libertad de publicar sobre cualquier materia, y que cualquier intento por restringir estos derechos debe ser excepcional, necesario y proporcional.
Asimismo, invocaron tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 prohíbe la censura previa y establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
En su pronunciamiento, también exigieron que el Congreso local cumpla con los principios del Parlamento Abierto, como lo establecen la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las autoridades a facilitar la participación ciudadana y garantizar la transparencia en todos los procesos legislativos.
Finalmente, los periodistas pidieron posponer la aprobación del dictamen hasta que se realice un análisis de impacto regulatorio y de derechos humanos sobre la reforma propuesta.
