Por América Juárez Navarro
Morelia, Michoacán.— Con el objetivo de frenar los constantes abusos en el servicio de arrastre y depósito vehicular, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Hugo Ernesto Vargas Rangel, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán que busca poner orden en las prácticas arbitrarias de grúas y autoridades de tránsito.
El legislador advirtió que muchas remisiones vehiculares se realizan sin justificación clara, aprovechando vacíos en la ley y discrecionalidad de los reglamentos municipales. “Muchos ciudadanos hemos sido víctimas de esta laxitud que tiene la ley, y entonces hasta por estornudar te quieren quitar el carro”, señaló.
La propuesta contempla reformar los artículos 331 y 332, así como añadir los artículos 332 BIS y 332 TER, con el fin de establecer un catálogo cerrado de causales válidas para el arrastre de vehículos, como estacionamiento prohibido, abandono en vía pública o falta de placas. También se prohíbe expresamente que los municipios agreguen nuevas causales no contempladas en la ley estatal.
En el tema económico, Vargas Rangel propone que los cobros por grúa y corralón se transparenten y que los pagos sean canalizados directamente a la Secretaría de Finanzas y Administración, conforme a la Ley de Ingresos. “No puede llegar una grúa y cobrar lo que quiera. Hay un tabulador federal que norma estas tarifas y la ciudadanía debe conocerlo”, precisó.
Para facilitar el acceso a la información y el acompañamiento ciudadano, el legislador anunció que publicará el reglamento federal en sus redes sociales y que su casa de enlace en la colonia La Quemada ofrecerá asesoría gratuita a personas afectadas por abusos en el servicio de grúas. Además, recordó que existe una plataforma en línea para presentar quejas formales contra este tipo de prácticas.
La iniciativa también incluye que el Estado asuma responsabilidad patrimonial si durante el arrastre o resguardo del vehículo se dañan bienes personales.
Con esta propuesta, Vargas Rangel busca armonizar la legislación estatal con los lineamientos federales, fortalecer la transparencia y proteger los derechos de los automovilistas michoacanos.
