Michoacán sin ley local ante crisis de desapariciones: Cofaddem, Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
_Morelia, Michoacán, 5 de septiembre de 2024._- El Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem), junto con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. y la plataforma ciudadana Red Lupa, presentaron ante medios de comunicación los resultados del informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación de la Ley General en materia de desaparición, con especial énfasis en el caso de Michoacán.
Durante la sesión, Anaís Palacios Pérez y Raquel Maroño Vázquez, del Área de Investigación y Capacitación del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, expusieron el trabajo realizado por la Red Lupa: una plataforma digital de monitoreo ciudadano conformada por más de 110 integrantes en todo el país —entre víctimas, organizaciones civiles, académicas y especialistas—, que desde 2022 ha documentado y evaluado el cumplimiento de las leyes locales derivadas de la Ley General en materia de desaparición.
Las integrantes de Red Lupa explicaron que su metodología se basa en el análisis de solicitudes de acceso a la información, trabajo territorial y la aplicación de cartografía social con víctimas, familiares y organizaciones. Palacios compartió que a través de una metodología de cartografía social, Red Lupa ha construido un mapa: “Le llamamos el mapa del otro México, el mapa que duele, porque en este están los familiares de personas desaparecidas”.
Esto permitió identificar las zonas con mayor incidencia de desapariciones, relacionándolas con fenómenos como violencia contra mujeres, proyectos extractivistas, ataques a defensores de derechos humanos, el desplazamiento forzado, la trata de personas y otras formas de macrocriminalidad.
En 2024 se realizó el primer encuentro nacional de la red, donde se actualizaron datos y se construyeron recomendaciones dirigidas a las instituciones encargadas de búsqueda, investigación, identificación forense, atención a víctimas y derechos humanos.
“Los familiares de personas desaparecidas que asistían a los encuentros regionales, además de las organizaciones de sociedad civil, ubicaban en el mapa de su estado los municipios con mayores índices de desaparición, pero no solamente eso, tratamos desde una metodología de cartografía social relacionar la desaparición de personas con otros delitos afines”, señaló Anaís Palacios.
En el informe específico sobre Michoacán, se señaló que al corte del 16 de mayo de 2025 se contabilizaron 625 personas desaparecidas menores de 18 años, siendo la mayoría niños. El rango de edad más afectado es de 25 a 29 años, y más del 56% de los casos corresponde a personas entre 20 y 39 años. Además, hay 128 casos sin edad registrada, lo que limita la comprensión del perfil de las víctimas.
Se destacó que el 83.99% de las personas desaparecidas en Michoacán son hombres. En el caso de las mujeres, el rango de edad con mayor número de desapariciones es de 15 a 19 años, representando el 21.52% de los casos.
En cuanto a los municipios, Morelia encabeza la lista con 784 casos en 2025, seguido por Uruapan, Zamora, Apatzingán y Lázaro Cárdenas, siendo estos dos últimos, ejemplos de cómo la violencia vinculada al crimen organizado, el saqueo ambiental y la trata de personas se entrelazan con la crisis de desapariciones. Lázaro Cárdenas presentó un aumento relevante, vinculado al saqueo de recursos naturales como madera fina y a la actividad minera, que también ha provocado desplazamientos forzados.
Las integrantes de Red Lupa señalaron que en municipios como Villamar, Jacona, Zamora y Apatzingán existen puntos de búsqueda activos, y denunciaron que, en algunas zonas del estado.
De forma contundente señalaron que Michoacán no cuenta con una ley local en materia de desaparición, a pesar de haber trabajado en una iniciativa durante una legislatura anterior que no fue aprobada. “Se trabajó en la antepasada legislatura, se hizo un proyecto que nunca se votó y que nunca se aprobó”, afirmó Anaís Palacios.
Tampoco se cuenta con un Centro de Identificación Humana, ni con una ley de declaración especial de ausencia por desaparición, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso estatal legislar al respecto.
La ausencia de un marco legal local limita gravemente el funcionamiento integral del sistema de búsqueda, investigación y atención. “En el Estado de Michoacán se cuenta con una Comisión de Búsqueda, también hay una Fiscalía Especializada para la investigación de delitos de desaparición, existe una Comisión de Víctimas, existía un Consejo Estatal Ciudadano, hay un panteón forense y una ley de víctimas, pero no hay una ley de desaparición”.
La evaluación de Red Lupa concluyó que Michoacán presenta un nivel superior de gravedad por incumplimiento en la armonización de la Ley General, lo que impide cumplir con las acciones mínimas requeridas para garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
Por su parte, Larissa Jaimes, integrante de Cofaddem, expuso la importancia de contar con herramientas como las que proporciona Red Lupa, ya que permiten respaldar técnicamente la voz de las familias y los colectivos.
Ya que en Michoacán, el marco legal en materia de desaparición de personas se ha vuelto indispensable. Con él debe quedar claro que “no podemos seguir sustituyendo a las autoridades en la búsqueda. Necesitamos un marco legal que garantice derechos y responsabilidades”.
Se destacó que las recomendaciones generadas por Red Lupa han sido entregadas directamente al Gobierno del Estado, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial, subrayando que sin ley local no es posible realizar una evaluación adecuada ni garantizar derechos fundamentales a las víctimas.
Denunciaron, además, la creciente inseguridad en la búsqueda y la incidencia pública, los vínculos entre autoridades y el crimen organizado, y la urgencia de legislar en materia de desaparición y declaración especial de ausencia.
Por su parte Dora Jaimes, integrante de Cofaddem destacó que «Lo más importante que ha trabajado también Cofaddem, ha sido la protección de la memoria y la verdad. Este acompañamiento de Red Lupa ayuda a que la información quede resguardada y accesible, protegiendo el testimonio de las familias, esto evita que se borre o manipule la memoria”.
A través de este espacio de diálogo e información, se reiteraron las principales exigencias:
1. La aprobación inmediata de una Ley Estatal en materia de desaparición que armonice con la Ley General y defina con claridad las responsabilidades instituinstitucionales.
2. El fortalecimiento de la búsqueda e identificación forense, incluyendo la creación de un centro de identificación humana.
3. La protección integral de, las familias buscadoras que en su mayoría son mujeres (madres, hermanas, esposas, hijas). Eso hace necesario pensar en formas específicas de protección con enfoque de género porque son quienes enfrentan amenazas constantes en un contexto de violencia sistemática.
4. La participacion plena de las familias en los procesos de búsqueda, atención y evaluación.
5. El cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de desapariciones forzadas.
Frente a un contexto marcado por la violencia, la colusión institucional y la ausencia de voluntad política, las familias continúan exigiendo verdad, justicia y memoria, con el respaldo de redes ciudadanas que documentan y resguardan sus testimonios. A través del trabajo colaborativo de las organizaciones civiles, se busca construir un marco de acción y resistencia desde la verdad, la memoria y la justicia.
