Buscan erradicar la corrupción y rendir cuentas claras a la ciudadanía.
Por Saraí Rangel
Morelia, Mich. – A fin de evitar malas prácticas y actos de corrupción, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, propondrá una reforma a la ley orgánica de la institución.
En encuentro con medios de comunicación, informó que luego de sus recorridos por las diversas áreas y regiones de la Fiscalía, el cual deberá concluir esta semana, se sentará a definir los términos de la reforma, a partir de un primer diagnóstico que deberá estar listo el próximo 1 de septiembre.
Incremento u homologación salarial de ministerios públicos, mejoras de procedimientos y normativas, y en última instancia la infraestructura, son algunos de los planteamientos.
Por lo pronto ya realizó dos importantes acciones al envió de una circular para instruir a agentes y ministerios públicos eviten pedir o recibir recursos a cambio de agilizar procedimientos, investigaciones o trámites que se llevan a cabo desde la fiscalía.
Reconoció que, durante sus encuentros con grupos sociales, colectivos de búsqueda, colectivas feministas y defensores de derechos humanos se le ha hecho saber de la práctica recurrente, por lo que dijo se debe priorizar el acercamiento con la ciudadanía en la procuración de la justicia.
Reforzar las áreas de oportunidad y corregir las prácticas negativas, son ya parte de su encomienda, por lo que pidió que en caso de ser víctimas de alguna pretensión de “moche” o irregularidad por parte de algún servidor de la fiscalía, estas se denuncien.
Torres Piña informó que se ha prohibido el establecimiento de retenes de fiscalía, a menos que estos se realicen con conjunto con otras corporaciones de seguridad. Así mismo las unidades deberán estar debidamente balizadas, con placa visible y sin polarizar, salvo aquellas utilizadas para tareas de inteligencia e investigación que requieran secrecía, “las cuáles son muy pocas”, indicó.
Comprometió también un trabajo coordinado con policías municipales, guardia civil, guardia nacional y Sedena, a fin de bajar los índices de violencia en la entidad; la revisión y acompañamiento en temas de asuntos internos, ante las denuncias ciudadanas; así como fortalecer la denuncia digital.
Para lo anterior se espera que el próximo 1 de octubre se firme un convenio de colaboración con el poder judicial, que permita reducir los tiempos de atención y mejorar el trato hacia la ciudadanía. Además, se podrá evaluar de manera más efectiva al personal tanto ministerial como de peritos.
Reconoció que existen áreas que deben reforzarse con personal capacitado, no únicamente en el tema de maltrato animal, sino también en feminicidio y atención psicológica. La primera tarea en ese sentido será cubrir 50 plazas de policía de investigación.
