Por América Juárez Navarro
Morelia, Mich.–Tras denunciar una serie de abusos por parte del Ayuntamiento de Salvador Escalante, comunidades indígenas de Opopeo, Zirahuén, Chapa Nuevo y Villa Escalante han formado una alianza para defender sus derechos colectivos y exigir respeto a su autonomía.
El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pável Ulianov Macario Guzmán, dio a conocer el posicionamiento conjunto, en el que acusan a la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza de promover actos autoritarios, frenar procesos de autogobierno y apropiarse de recursos destinados a los pueblos originarios.
Uno de los casos se registra en Chapa Nuevo, donde el Ayuntamiento decidió, de manera unilateral, convertir a la comunidad en una encargatura del orden dependiente de Zirahuén. Para el CSIM, esta decisión es una maniobra para impedir que Chapa Nuevo acceda a la consulta legalmente establecida para transitar hacia el autogobierno.
“El objetivo es claro: desarticular el proceso de organización de las comunidades indígenas y mantener el control político desde el Ayuntamiento”, señaló Macario Guzmán.
La comunidad de Opopeo también denunció irregularidades en la elección de su jefe de tenencia. De acuerdo con el CSIM, hubo intentos de imponer a un candidato afín al partido de la alcaldesa, lo que llevó el caso hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano determinó la necesidad de repetir el proceso electoral.
Además, las comunidades acusan a la presidenta municipal de intentar manejar de forma unilateral el Fondo de Apoyo a la Infraestructura y los Servicios Públicos para los Pueblos Indígenas (FASPIAM), ignorando la normatividad que establece que estos recursos deben ser asignados por decisión de las asambleas comunitarias.
También denunciaron una campaña de desinformación impulsada desde la administración municipal, con la que se pretende sembrar miedo entre la población asegurando que, si optan por el autogobierno, perderán servicios públicos y programas sociales, lo cual fue desmentido por el CSIM.
Las comunidades han recurrido a recursos legales tanto en el ámbito local como federal, y advirtieron que si no obtienen resoluciones favorables, iniciarán movilizaciones en el municipio y podrían escalar su protesta a nivel estatal.
