América Juárez Navarro
Morelia, Mich. – El Juzgado Primero de Distrito en Michoacán del Poder Judicial de la Federación emitió una suspensión provisional que obliga al Gobierno de Michoacán a recibir pagos en efectivo, además de los pagos digitales, en sus ventanillas recaudadoras.
La acción legal parte del amparo promovido por 300 trabajadores que forman parte del Sindicato al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), señaló el diputado local, Juan Carlos Barragán Vélez, quien además anunció que su equipo esta preparado para apoyar jurídicamente a los ciudadanos interesados en promover un recurso legal en estos mismos términos.
La medida que afecta la Ley de Ingresos Estatal 2025 aprobada en diciembre pasado y que establecía como obligatorio el pago digital y eliminaba el pago en efectivo en ventanillas adscritas al Servicio de Administración Tributaria de Michoacán, la Oficialía de Registro Civil y demás oficinas del Ejecutivo Estatal, ahora no podrá ser aplicado a estas personas que promovieron el amparo.
Juan Carlos Barragán explicó que la reforma planteada por el gobierno estatal buscaba digitalizar los procedimientos administrativos, pero excluía la posibilidad de realizar pagos en efectivo, lo que generó la intervención judicial.
A decir del diputado, la legislación federal, en particular la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a todas las dependencias a recibir pagos en efectivo sin excepciones, por lo que la reforma estatal no podría contradecir esta normativa. De hecho, subrayó que más del 50% de la población michoacana no tiene acceso a cuentas bancarias o tarjetas de crédito, lo que les impide realizar pagos exclusivamente a través de medios digitales.
«El 49% de la población tiene una tarjeta bancaria. solamente el 25% de la población tiene una tarjeta de crédito es decir, el 51% de la población no tiene una tarjeta o una relación con una institución bancaria, dicen algunos neomorenistas o neolópezobradoristas que ya todos los viejitos tienen su tarjeta los adultos mayores no la consideran una tarjeta de crédito, de banco para hacer pagos, ellos no saben tienen que ir acompañados incluso de de alguien para que saquen su dinero de un cajero», agregó.
Afirmó que el gobierno del estado no puede obligar a los ciudadanos a tener una relación comercial con una institución bancaria para cumplir con sus contribuciones. La ley insistió está clara: el efectivo debe ser aceptado en todas las ventanillas.
En este tenor recordó que ante el Gobierno del Estado se hacen cerca de 1000 trámites que constituyen el pago de derechos, pero no se ha considerado las condiciones de desigualdad que enfrentan ciudadanos que no tienen acceso a bancos
