Morelia, Mich.- El Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del gobierno mexicano y operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reportó pérdidas por 2,561 millones de pesos durante su primer año de funcionamiento, sin considerar los subsidios recibidos. Según sus estados financieros, los ingresos generados por la movilización de pasajeros y la venta de souvenirs ascendieron a 275 millones de pesos, mientras que los gastos operativos alcanzaron los 2,837 millones de pesos, cubriendo apenas el 9.6% de sus necesidades de operación.
Para mantener sus operaciones, el Tren Maya recibió 13,000 millones de pesos en transferencias desde la Secretaría de Hacienda, recursos que también se utilizaron para concluir obras pendientes. Además, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) transfirió activos a la paraestatal, incluyendo infraestructura valorada en 456,000 millones de pesos, que comprende vías, material rodante y maquinaria.
Durante 2024, el gasto promedio por pasajero fue de 431 pesos, y el tren operó 11 meses en números rojos, requiriendo hasta 151 millones de pesos mensuales para su funcionamiento. La meta para 2025 es movilizar a 1.2 millones de turistas, con la expectativa de alcanzar el punto de equilibrio en 2026, cuando se prevé iniciar el transporte de carga. Para este fin, el gobierno destinará más de 48,000 millones de pesos en la implementación de las vías de carga y la conexión del sistema ferroviario del sureste con el Istmo de Tehuantepec .
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido el proyecto, argumentando que no es necesaria una auditoría externa, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realiza esta tarea. Actualmente, la ASF lleva a cabo dos auditorías al Tren Maya: una sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de 2024 y otra sobre el cumplimiento del Órgano Interno de Control de la paraestatal.
A pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia y aumentar los ingresos, el Tren Maya enfrenta desafíos significativos para alcanzar la sostenibilidad financiera y justificar la inversión pública realizada.
